El gobierno del pueblo a sí mismo se presenta como el método más racional humanamente hablando, pero cabe pensar si ese gobierno es efectivamente del pueblo o no. La democracia ideal sería aquella de las polis griegas en la que el pueblo se reunía para tomar las decisiones importantes de trascendencia colectiva. Ello era posible gracias a lo poco numerosa que era la población, hoy día sería imposible reunir a todos los ciudadanos para tomar consensuadamente las decisiones. Eso da lugar, teóricamente, a la democracia representativa, por la cual hay unos elegidos que desempeñan esas decisiones importantes de cara al beneficio del pueblo. Es decir, el pueblo es personificado en unos delegados, delegados porque dicho pueblo delega en ellos el poder de adoptar esas decisiones, pero siempre a favor del porvenir colectivo. Cuando asume el poder de tomar esas decisiones una persona no elegida por el pueblo, es cuando se habla de tiranía, pues esa persona es un tirano por tomar decisiones siguiendo su personal criterio y no con el garantizado interés de que sea por el bien colectivo.
Las dictaduras en su primeriza condición, eran gobiernos no tiránicos, pues eran personas en las que se delegaban funciones en situaciones de crisis, caos y anarquía, con la intención de que, una vez arregladas esas situaciones, volviera el río a su cauce y retornara el anterior gobierno, así como los tiranos en Grecia realizaron reformas para los más desfavorecidos. Evidentemente esto no continuó así a lo largo de la historia, y la dictadura realmente existente pasó a ser algo distinto (como pudo pasar igualmente con, por ejemplo, el fascismo o el comunismo -realmente existentes-, en tanto que difirieron en la práctica de lo que constituía su inspiración teórica, o, como diría Gustavo Bueno, la democracia realmente existente, que es lo que ahora me atañe).
El problema es que, como ya dijo Aristóteles en sus formas de gobierno, todo degenera (especialmente si del humano depende). De modo que lo que en un principio se proponía como aristocracia -gobierno de los capacitados- acababa como oligarquía o plutocracia -gobierno de los poderosos-; lo que, igualmente, se proponía como monarquía -gobierno de uno en provecho de todos- se tornaba en tiranía -gobierno de uno solo ¿en provecho de…?-; por último, aquello que se proponía como democracia -gobierno del pueblo- termina siendo una demagogia -gobierno del farsante o de los farsantes-.
La democracia, que plantea el gobierno del pueblo para sí mismo, no puede, como he dicho, hacerse de forma efectiva, literal. Por tanto se desarrollaron mecanismos donde el pueblo participa o bien en las decisiones de sus delegados o bien en la elección de aquellos que habrán de tomar esas decisiones. Como lo ideal sería que no hubiera diferencia alguna entre gobernantes y gobernados (lo que se conoce como principio de identidad, frente al principio representativo), a priori parece más democrático (más gobierno del pueblo hacia sí mismo) la primera opción, es decir, tomar parte efectiva en las decisiones, pero ello tiene un problema, y es lo costoso que puede ser el consultar al pueblo continuamente acerca de las decisiones que se deban tomar. Es por ello que la democracia participativa es menos usual en los Estados que la segunda opción, la indirecta. Hoy vivimos en una democracia indirecta, donde cada un tiempo determinado se elige gobierno, pero donde la participación popular no pasa de ahí. El pueblo otorga a una serie de personas los poderes de los cuales podrán hacer uso durante cuatro años según su parecer, que debe de ser siempre el beneficio de la comunidad, pero que, al ser mandato libre y no revocable, el elector, una vez depositado su voto, no cuenta para nada. La única garantía de que se cumpla el programa que él ha votado es la confianza en la honradez de la clase política. Y ese mandato que, nominalmente, pertenece solo a la persona votada, se ve complicado en la medida en que los partidos políticos monopolizan la oferta electoral, y con eso que se llama disciplina de partido, se pasa de ese mandato libre del candidato al mandato de partido, que da lugar a la partidocracia.
Y es que el sistema parlamentario ha desconfiado siempre de la participación directa de la ciudadanía, y hoy sigue exactamente igual. No hay más que ver cómo están regulados los únicos mecanismos de participación directa en las decisiones políticas: la iniciativa popular y el referéndum. Con la excusa de que la soberanía del Parlamento puede verse menoscabada (y yo que, iluso de mi, creía que la soberanía era popular…), se han puesto trabas legales a que estos mecanismos prosperen, pues, efectivamente, “si admitimos la posibilidad de que existan esos mecanismos de democracia directa, estamos advirtiendo al Parlamento la obligación de cumplirlos”. ¿Tienen miedo de que el pueblo se pronuncie sin “intermediarios”?
La iniciativa legislativa popular en España queda excluida de tratar las siguientes materias: las reservadas para Ley Orgánica, la tributaria, la de carácter internacional, ni de justicia, ni la reforma de la Constitución, ni la planificación económica. Algunas restricciones son en cierto modo lógicas, pero el caso, por ejemplo, de la reforma constitucional… ¿quién si no el pueblo debe tener la potestad para cambiar su constitución, que es a él a quien le afecta? Para que la iniciativa legislativa popular prospere en España, tiene, primero, que ir respaldada por 500.000 firmas, cuando en Italia, por ejemplo, con más población, se requieren 50.000; luego, tiene que ser aprobada por el Congreso, cosa harto improbable (más aún cuando esa iniciativa responde a una movilización social vinculada a la Oposición), con lo cual deciden en última instancia, los de siempre. Con respecto al referéndum, su propuesta solo puede ser hecha por el presidente, no por los ciudadanos. El presidente decide cuándo le interesa escucharlos y cuando no. Es muy escuchada la excusa de que los referendos recuerdan aquellos plebiscitos del régimen anterior para autolegitimarse, pero ¿cabe preocuparse de que se manipulen las votaciones en un sistema pretendidamente democrático? Max Weber decía que el referéndum es esencialmente un instrumento utilizable frente a Parlamentos corrompidos.
Pero ahora yo pregunto: ¿vivimos en democracia o en demagogia? Para contestar esta pregunta se plantearían muchas más primero… ¿Gobiernan por el bien colectivo sin mirar el particular?, ¿toman las decisiones en función de la voluntad popular que los elige?, ¿se garantiza una pluralidad libre?, ¿son imparciales los medios de comunicación, el poder judicial, etc., de lo político?, ¿tiene el pueblo la información suficiente como para elegir los mejores? Si por último se concluye que vivimos en demagogia, quedaría una última pregunta… ¿tiene el pueblo lo que se merece?
Recomiendo al respecto ver dos ediciones del programa televisivo La Clave dedicadas, una a analizar la Transición, y otra a la cuestión, precisamente, de si hay democracia en España: aquí y aquí, respectivamente.
(Pulsar para ver grande):
